A las 8:53 del 28 de octubre, un AVE alcanzó por detrás a un Iryo parado en Urda (Toledo) y murieron 69 personas. La respuesta sanitaria siguió el manual de catástrofes. Una semana después, Castilla-La Mancha y Madrid siguen dando cifras de heridos que no casan, y sin ese recuento nadie puede demostrar cuántas vidas salvó.
Hacia las 8:30 falló la comunicación entre los ordenadores que controlan la estación de Urda, y un tramo de 69 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla se quedó sin LZB, el sistema que vigila la distancia entre trenes y frena al que se acerca demasiado al de delante. Por ese tramo circulaban unos seis trenes. En Atocha, el centro de control de Adif ve en una pantalla qué tramo ocupa cada tren detenido.
Según explicó ese mismo día el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde ese centro se autorizó a los trenes a reanudar la marcha con normalidad, cuando en esa situación la norma exige marcha a la vista, a 40 km/h. Puente llamó «inexplicable» a esa decisión. El Iryo 6076, con 147 viajeros, esperaba ante un semáforo en rojo. El AVE 2080 de Renfe lo alcanzó a las 8:53. Ni siquiera el número de viajeros del AVE salió cuadrado del primer día: la delegación del Gobierno habló de 393 y el Ministerio de 378.
La investigación técnica está en manos de la AITAT, la autoridad independiente que desde julio investiga los accidentes ferroviarios, y la judicial en un juzgado de Orgaz que ha decretado secreto de sumario. Puente anunció su dimisión el 3 de noviembre: un ministro, dijo, no puede seguir con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. El otro fue el descarrilamiento de Adamuz, el 18 de enero, con 46 muertos. De las causas no hay mucho más que contar hasta que hablen los investigadores. Este texto trata de lo que pasó después de las 8:53.
Los primeros sanitarios iban sentados en el tren
Antes de que llegara la primera ambulancia ya había asistencia. Un portavoz de la Guardia Civil contó a Castilla-La Mancha Media que sanitarios que viajaban en los trenes organizaron equipos improvisados y atendieron a los heridos hasta la llegada de los servicios de emergencia. Vecinos de Urda y de Los Yébenes acercaron coches y hasta autobuses para sacar a los viajeros que podían andar. Ese primer eslabón no figura en ningún plan.
Después, la cadena se armó según el manual. El 112 activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) a las 9:15 y lo elevó a nivel 2 antes de las once. Se montaron un puesto de mando avanzado y un puesto médico avanzado para triar y evacuar. Un pabellón del pueblo recibió a los heridos leves y otro a las familias. La UME llegó a desplegar 200 militares con 70 medios, dedicados a sacar a los atrapados y a apartar vagones. El Sescam movilizó sus cuatro helicópteros, Andalucía mandó dos más y el SUMMA 112 de Madrid montó su propio puesto sanitario con medio centenar de profesionales, un helicóptero, dos UVI móviles y diez ambulancias de soporte vital básico.
El balance que dio esa noche el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, fue de trece operados en el día, ocho pacientes transfundidos en vuelo y unas dos mil donaciones de sangre. A mediodía, el Hospital Universitario de Toledo tenía 29 heridos, Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, 20, el General de Ciudad Real cuatro y el de Albacete uno. Repartir la carga entre varios hospitales es lo que no pasó en el 11-M, cuando el Gregorio Marañón, el más cercano a las explosiones, recibió 312 heridos y sus propios médicos calcularon después un sobretriaje por encima del 50 %.
Cuatro balances y ninguna lista
Desde la puerta de urgencias de un hospital receptor, una catástrofe es una fila de camillas que llega sin que nadie diga cuántas faltan. Por eso la lista importa tanto como el quirófano. En Urda, la lista no cuadra.
A las 15:35 del día 28, el presidente regional, Emiliano García-Page, hablaba de 53 heridos graves y 15 muy graves. A las 17:14, la consejera portavoz, Esther Padilla, daba 15 críticos, 43 hospitalizados y medio centenar de leves atendidos en el pabellón de Urda, y añadía al menos 27 viajeros en hospitales madrileños. A las 19:27, los servicios de emergencia contaban 107 hospitalizados en la región, sin los de Madrid. A las 22:10 quedaban 53 ingresados en Castilla-La Mancha y 18 críticos: doce en Toledo, cuatro en Ciudad Real, uno en Mancha Centro y uno en Albacete.
Madrid lleva su propia cuenta. La página de su agencia de emergencias, actualizada el 30 de octubre, dice que sus hospitales atendieron a 104 heridos, con tres o cuatro en la UCI según el apartado que se lea. En la misma página, el puesto del SUMMA 112 aparece con veinte personas atendidas en un sitio y con diez en otro. El 4 de noviembre, El Español sumaba 34 ingresados, 22 en Castilla-La Mancha, cuatro de ellos en la UCI, y 12 en Madrid, con el único paciente madrileño en cuidados intensivos ingresado en el Ramón y Cajal, un hospital que no aparece en la página de la Comunidad.
Parte del desorden tiene explicación. Cada balance se dio a una hora distinta, y «grave», «crítico» y «muy grave» son palabras de rueda de prensa, no categorías de triaje. El salto de los 27 viajeros en hospitales madrileños de la tarde del 28 a los 104 del día 30 sugiere que muchos llegaron a urgencias por su cuenta, horas o días después, fuera del recuento del puesto médico avanzado. Es una hipótesis: ningún balance lo aclara. Lo que no tiene explicación es que, una semana después, no exista una cifra única y pública de cuántos heridos hubo, con qué categoría de triaje salieron de la vía y dónde acabó cada uno.
Contar no es burocracia. La lista es lo que permite a un hospital decidir si acepta más heridos y a una familia saber dónde está alguien: el 30 de octubre había 70 denuncias por desaparición. También es la materia prima del único análisis que puede mejorar la próxima respuesta.
Lo que todavía no se puede medir
En medicina de catástrofes, el indicador que mejor resume la calidad de la asistencia es la mortalidad crítica, la proporción de heridos críticos que mueren después de llegar vivos al hospital. Los muertos en el lugar dicen mucho del accidente y casi nada de la respuesta sanitaria. Erik Frykberg comparó en 2002 diez atentados con bomba y describió una relación directa entre el sobretriaje y esa mortalidad. En los atentados de Londres de 2005 fue del 15 %, según el análisis que el Royal London publicó en The Lancet en 2006; en el Gregorio Marañón, tras el 11-M, del 17,2 %. Una simulación de Nathaniel Hupert, en 2007, matizó a Frykberg: en su modelo pesaba más la relación entre críticos y puestos de tratamiento disponibles que el sobretriaje.
Con los datos públicos de Urda, la cuenta provisional sale así. García-Page dijo el 29 que la víctima número 69 había muerto en un hospital, y la noche del accidente había unos veinte críticos entre las dos comunidades. Una muerte entre veinte críticos daría una mortalidad crítica en torno al 5 %, un tercio de la de Londres. Lo escribo sabiendo que la cifra es frágil: «crítico» aquí no es una puntuación de gravedad, cinco personas siguen en la UCI y la mortalidad se mide a 30 días. Si el informe oficial la confirma, la respuesta de Urda fue muy buena. Si no, habrá que revisar la frase del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que el 4 de noviembre atribuyó a la intervención sanitaria haber salvado muchas vidas. Puede que tenga razón. Hoy no hay forma de comprobarlo.
Un informe serio tendría que contar dos cosas más. Las ocho transfusiones en vuelo salieron de un programa que el Sescam empezó en 2014 con el helicóptero de Ciudad Real y completó en agosto de este año en sus cuatro aparatos. La evidencia sobre la sangre prehospitalaria es provisional y apunta en dos direcciones. En el ensayo PAMPer, publicado en 2018 en el New England Journal of Medicine, dar plasma durante el traslado aéreo bajó la mortalidad a 30 días del 33,0 % al 23,2 %, casi diez puntos absolutos, con un intervalo de confianza del 95 % entre 1,0 y 18,6 puntos. En el RePHILL británico de 2022, concentrados de hematíes con plasma liofilizado no mejoraron los resultados frente al suero salino, con una mortalidad del 43 % frente al 45 %, en un ensayo que la pandemia obligó a cerrar antes de tiempo. Ocho pacientes no resuelven esa duda, pero su evolución publicada sumaría algo a una pregunta abierta.
La otra es la sangre donada. Castilla-La Mancha recogió unas 2.000 donaciones en horas y Madrid más de 6.000. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos reunió casi medio millón de unidades y se transfundieron 258, según contó Paul Schmidt en 2002. Tras los atentados de Londres, el Royal London gastó 264 unidades de hemoderivados en las primeras 15 horas, cerca de su consumo de un día normal. La sangre que salva a un herido en la primera hora es la que ya estaba en la nevera. Lo que se dona esa tarde repone reservas y sirve a otros pacientes semanas después, y por eso el llamamiento útil reparte las donaciones en el tiempo, como hizo el propio Fernández Sanz al pedir que se siguiera donando en los días siguientes.
La versión más honesta del argumento contrario dice que los heridos fueron atendidos, que los profesionales hicieron su trabajo y que exigir cifras cerradas a una semana del accidente es pedirle a una catástrofe que se comporte como una auditoría. Los balances tardan en asentarse, es cierto. Pero Adamuz ocurrió hace nueve meses. Entonces, Martín González y Santiago, profesor de la Universidad Isabel I, recordó que España no tiene una ley que obligue a los hospitales a prepararse para incidentes con múltiples víctimas ni criterios vinculantes para repartir a los heridos según la capacidad de cada centro. En Urda, las dos comunidades han vuelto a contar cada una por su lado.
En Atocha hay una pantalla donde cada tren detenido ocupa su tramo, y aun así, según el ministro, se dio paso al que venía detrás. Para los heridos de Urda no existe ni esa pantalla.
Lo esencial
El 28 de octubre, un AVE alcanzó a un Iryo parado en Urda tras caer el sistema LZB, y murieron 69 personas. La respuesta sanitaria siguió el esquema clásico, con sanitarios que viajaban en los trenes como primer eslabón y helicópteros que transfundieron en vuelo. Pero Castilla-La Mancha y Madrid siguen sin una cifra común de heridos ni de su gravedad, y sin ella no se puede calcular la mortalidad crítica, el indicador que dice si la asistencia salvó vidas.
La valoración de Troponina. Castilla-La Mancha y Madrid deberían publicar antes de fin de año un informe conjunto de la respuesta sanitaria de Urda, con los heridos por categoría de triaje, el destino de cada uno, los tiempos hasta el quirófano, la mortalidad de los críticos a 30 días y la evolución de los ocho transfundidos en vuelo. Agradecer el trabajo de los profesionales está bien; demostrarlo con datos es lo que les dará más medios la próxima vez.
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Redacción CMM. Accidente de tren en Urda (Toledo) con al menos 69 fallecidos y más de un centenar de hospitalizados en la región. Castilla-La Mancha Media, 2026. Enlace
Junta de Andalucía. Decreto-ley 8/2026, de 12 de mayo, de ayudas económicas y fiscales a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). BOJA, 2026. Enlace
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Universidad Isabel I. Martín González y Santiago remarca graves carencias legales en la preparación hospitalaria tras el accidente de Adamuz. 2026. Enlace
Médico de urgencias y emergencias. Escribe sobre medicina urgente, evidencia y lo que se aprende en las urgencias. Vive en el Mediterráneo con un beagle que sabe más de lo que aparenta.
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