El 26 de septiembre de 2025, Médicos Sin Fronteras suspendió sus operaciones vitales en Ciudad de Gaza. No fue una decisión médica sino una capitulación forzada ante la sistemática destrucción del espacio humanitario. Cuando una organización con décadas de experiencia en zonas de conflicto declara que el nivel de riesgo se ha vuelto «inaceptable», estamos ante algo más que una crisis sanitaria: presenciamos la demolición deliberada del derecho fundamental a la salud de una población entera.
Los números hablan de una catástrofe calculada. Según la OMS, solo 19 de los 36 hospitales de Gaza permanecen parcialmente operativos, mientras que el 94% de todas las instalaciones hospitalarias están dañadas o destruidas. Desde octubre de 2023, se han documentado 697 ataques contra el sistema sanitario, resultando en 886 muertes y 1.355 heridos entre el personal médico. Estas cifras no representan daños colaterales; constituyen un patrón sistemático que expertos de Naciones Unidas han denominado «medicidio»: la destrucción intencional del sistema sanitario como herramienta de guerra.
La suspensión de MSF significa que más de 3.640 consultas semanales y 1.655 tratamientos de desnutrición han cesado abruptamente. En un contexto donde el Hospital Al-Shifa opera al 250% de su capacidad, el Hospital Nasser al 180%, y el Al-Ahli supera el 300%, cada servicio médico perdido multiplica exponencialmente el sufrimiento. Con apenas 2.000 camas hospitalarias disponibles para más de 2 millones de personas, la proporción es grotescamente insuficiente: menos de una cama por cada mil habitantes, cuando el estándar mínimo humanitario recomienda al menos tres.
Los profesionales sanitarios de Gaza operan en condiciones que desafían cualquier protocolo médico conocido. El 52% de los medicamentos y el 68% de los suministros médicos están completamente agotados. Los cirujanos realizan amputaciones sin anestesia, los médicos de urgencias trabajan sin equipos de protección básicos, y las enfermeras colapsan por desnutrición mientras intentan salvar vidas. Desde el inicio del conflicto, 885 trabajadores sanitarios han perdido la vida cumpliendo su deber, una cifra que representa no solo pérdidas individuales sino el desmantelamiento sistemático de la capacidad médica de toda una región.
El Derecho Internacional Humanitario, codificado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, establece inequívocamente que las instalaciones médicas y su personal deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias. El Artículo 18 del Primer Convenio prohíbe explícitamente los ataques contra unidades médicas. Sin embargo, esta protección fundamental ha sido sistemáticamente violada. Cuando hospitales como Kamal Adwan, Indonesia, Hamad y el Hospital Europeo de Gaza se ven forzados a cerrar por proximidad a operaciones militares, estamos ante violaciones flagrantes del principio de neutralidad médica que constituye la base misma del derecho humanitario.
La crisis trasciende las estadísticas inmediatas. Desde enero de 2025, 148 personas han muerto por desnutrición, incluidos 49 niños, mientras que 12.000 menores de cinco años sufren desnutrición aguda. Los brotes de meningitis alcanzaron 452 casos sospechosos entre julio y agosto, el número más alto desde el inicio del conflicto. El síndrome de Guillain-Barré, una complicación post-infecciosa grave, registra 76 casos desde junio. Son las consecuencias predecibles de un sistema sanitario colapsado: cuando la atención primaria desaparece, las enfermedades tratables se vuelven letales.
La comunidad internacional observa mientras se normaliza lo intolerable. Más de 12.000 personas esperan evacuación médica urgente, pero al ritmo actual, tomaría entre cinco y diez años evacuarlas a todas. Mientras tanto, cada día sin atención médica adecuada significa más muertes evitables, más discapacidades permanentes, más sufrimiento innecesario.
Los profesionales sanitarios que permanecen en Gaza no solo enfrentan bombardeos y escasez extrema; también confrontan el dilema ético de la medicina de guerra: a quién salvar cuando no puedes salvar a todos. Es una pregunta que ningún médico debería responder, especialmente cuando la escasez no es producto de limitaciones naturales sino de políticas deliberadas de asedio y destrucción.
La suspensión de MSF debe entenderse como lo que es: un punto de inflexión donde incluso las organizaciones más experimentadas en contextos extremos reconocen que las condiciones mínimas para la prestación de ayuda humanitaria han sido sistemáticamente destruidas. No es abandono; es el reconocimiento de que el espacio humanitario ha sido aniquilado.
Reconstruir el sistema sanitario de Gaza requerirá, según estimaciones preliminares, al menos 554 millones de dólares solo para infraestructura básica. Pero ninguna cantidad de dinero puede resucitar a los 885 trabajadores sanitarios muertos, ni devolver la capacidad profesional perdida, ni borrar el trauma colectivo de una población que ha visto convertirse sus hospitales en campos de batalla.
La historia juzgará severamente este momento. Cuando el acceso a la salud se convierte en arma de guerra, cuando los hospitales se transforman en objetivos militares, cuando los médicos deben elegir entre su seguridad y su juramento hipocrático, hemos cruzado líneas rojas que décadas de derecho humanitario intentaron establecer como inviolables. La suspensión de MSF en Gaza no es solo una noticia más sobre el conflicto; es el certificado de defunción de los principios más básicos de humanidad en tiempos de guerra.
Dr. Ricardo Villanueva. Troponina Press
Fuentes:
- Médicos Sin Fronteras: Noticia original sobre suspensión de actividades (26/09/2025)
- Organización Mundial de la Salud: Informes sobre colapso del sistema sanitario (mayo-septiembre 2025)
- Eastern Mediterranean Health Journal: Análisis del impacto en el sistema de salud (2025)
- Naciones Unidas OCHA: Informes de situación humanitaria (septiembre 2025)
- Oficina del Alto Comisionado de DDHH: Declaraciones sobre ataques al sistema sanitario (agosto 2025)
- Comité Internacional de la Cruz Roja: Marco legal de protección médica en conflictos armados
