Mientras la medicina de emergencias obtiene reconocimiento oficial, las enfermeras siguen en la trinchera sin respaldo legal, pese a sostener con su trabajo la seguridad y la dignidad de la atención sanitaria.
Casal, enfermera con responsabilidad institucional en SEMES y el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, reivindica el reconocimiento formal de la especialidad de urgencias y emergencias para las enfermeras civiles, ante el inminente decreto que aprobará la especialidad médica de Medicina de Urgencias y Emergencias. Señala que, aunque las enfermeras realizan tareas semejantes en los mismos escenarios críticos —accidentes, paros, emergencias en ambulancias, urgencias hospitalarias—, no cuentan con un marco legal que reconozca su especialidad.
Casal argumenta que esta especialización no es un capricho corporativo, sino una necesidad para mejorar la seguridad y calidad asistencial, reducir errores (eventos adversos), homologar formación y reforzar la legitimidad profesional ante los pacientes. Menciona que en el ámbito militar ya existe esa especialidad para enfermería; la comparación con los médicos evidencia la injusticia de negar lo mismo a las enfermeras civiles, quienes desempeñan la misión con iguales exigencias y riesgos.
Se refiere al Real Decreto 589/2022, que exige el respaldo de al menos siete comunidades autónomas para que se desarrolle esta especialidad enfermera. En Comunidad Valenciana ya se ha manifestado ese apoyo. Casal llama al Gobierno central a no dilatar más la decisión: no se trata de un gasto excesivo, sino de aprovechar unidades docentes ya acreditadas. Es una cuestión de justicia profesional y de garantía sanitaria para la población.
En un país donde la sanidad pública se pretende orgullosa de sus valores, se ha pasado demasiado tiempo relegando sistemáticamente a quienes sostienen con sus manos, su saber y su esfuerzo los primeros segundos de vida, los momentos de caos que marcan la diferencia entre la salvación o la pérdida. La enfermería de emergencias no es un añadido ornamental, ni un recurso de segunda; es un pilar imprescindible. Y sin embargo, el reconocimiento institucional de su especialidad sigue siendo una deuda histórica que la política sanitaria española no puede prolongar más sin hacerse cómplice de la inequidad profesional.
La columna de Carmen Casal en iSanidad denuncia con mucha razón lo que ya es un sinsentido intolerable: los médicos van a ser especialistas en Urgencias y Emergencias, mientras que las enfermeras, que operan en idénticos escenarios, sin distinción en la urgencia ni en la responsabilidad, permanecen sin amparo legal que reconozca esa especialización. Se acepta —con entusiasmo gubernamental— que los médicos merezcan una formación reglada y especializada para atender emergencias. Pero, al mismo tiempo, se niega ese mismo derecho a las enfermeras, pese a que su acción constituye uno de los factores clave de la calidad, de la seguridad en la atención, y muchas veces, de la supervivencia.
Este agravio no es casual: forma parte de un patrón estructural en el que el patriarcado, la desigualdad profesional y la escasa visibilidad del rol de la enfermería siguen pesando en las decisiones de política sanitaria. Se sigue considerando condescendientemente que “las enfermeras ya lo saben hacer sobre el terreno” o que “forma parte de su trabajo cotidiano”, como si la experiencia sin respaldo formativo riguroso bastara para garantizar competencias homogéneas, actualizadas, avaladas científicamente. Se invisibiliza, con ello, no solo la profesionalidad, sino la necesidad de dignidad laboral, de valorización justa de saberes y riesgos compartidos.
Casal cita a Florence Nightingale: “La enfermería es un arte… que requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura…” Porque ejercer en emergencias es estar en la trinchera: los accidentes en carretera, los paros, los pacientes críticos en los pasillos, en ambulancias, en noches largas donde se decide entre funcionar o fracasar. No todos pueden, ni todos deben hacerlo, pero quienes deciden dedicar su vida profesional a ello merecen una formación específica que esté reconocida, que tenga estándares nacionales, que no dependa de la buena voluntad local ni de la desigualdad de recursos entre comunidades autónomas.
El Real Decreto 589/2022 abre la puerta: está escrito que es posible construir esa especialización, siempre que al menos siete autonomías lo apoyen. La Comunitat Valenciana ya lo ha hecho. Pero queda mucho trecho. Y no es solo una labor burocrática: es una decisión ética. Se trata de justicia profesional, de mejorar la atención al paciente, de garantizar que al otro lado de la camilla haya una profesional con preparación, no con improvisación o con parches formativos. No es privilegio lo que se pide, es derecho: a la formación, al reconocimiento, a un status que refleje lo que ya se ejerce en la práctica.
Una especialidad enfermera en urgencias y emergencias no representaría necesariamente un coste extraordinario. En palabras de Casal, muchas de las unidades docentes que se están acreditando para la especialidad médica podrían servir también para las enfermeras. Hay sinergias posibles, escalas de eficiencia, ahorro de redundancias. Negar este paso bajo el pretexto del gasto es una falacia si se compara lo que dejamos de ganar —en vidas, en calidad, en justicia profesional— con lo que se invierte. En este sentido, la igualdad no sólo es un principio democrático, sino también una estrategia de salud pública: profesionales mejor formadas reducen errores, mejoran la satisfacción del paciente, fortalecen la credibilidad del sistema sanitario ante crisis —y no solo ante emergencias sanitarias masivas, sino día a día.
La apelación no va solo al Ministerio o al conjunto del Gobierno: va a cada comunidad autónoma, a cada representante político, a cada director de hospital. Porque en un modelo descentralizado como el español, donde las competencias sanitarias están transferidas, la voluntad local debe alinearse con los derechos nacionales. El reconocimiento de esta especialidad no puede depender del capricho regional ni de los recursos económicos de turno; debe ser un estándar nacional, un compromiso estructural. Si siete comunidades ya lo respaldan, las otras deben unirse más allá de los intereses partidistas, de los calendarios electorales o de la austeridad mal entendida.
Quienes ejercen la enfermería de emergencias “en las mismas trincheras” lo hacen habitualmente bajo presión extrema, en escenarios que exigen no solo técnica, sino calma, juicio clínico, resiliencia, liderazgo emocional, coordinación rápida y adaptabilidad. Esa gama de competencias exige formación especializada, actualización permanente, protocolos claros, estructura docente. Lo que ya se tiene de hecho debe reconciliarse con lo que debería de jure: formalización legal, reconocimiento profesional.
Y no se trata solo de un acto simbólico, aunque lo simbólico tiene también su fuerza: reconocer la especialidad enfermera en emergencias es reconocer que la enfermería no es un añadido al médico ni un complemento sumiso, sino una rama de la asistencia sanitaria con valor propio, con identidad propia, con responsabilidades avaladas. Eso combate viejos prejuicios de subordinación profesional, de que lo “importante” es la especialidad médica, y lo restante “se adapta”.
La urgencia que plantea Casal es doble: porque cada día que pasa sin especialización reconocida, hay profesionales que sufren desarraigo, sobrecarga, inseguridad jurídica; y porque la sociedad entera pierde: en eficacia, en seguridad, en equidad. Cuando una enfermera no está debidamente formada, la probabilidad de error sube. Esto no es una prédica alarmista: los estudios mencionados indican que los eventos adversos en urgencias son más frecuentes que en otras áreas. ¿Y quién paga los costes de esos errores? La población, el sistema público, las familias.
En un país que presume de compromiso con los derechos y con la sanidad universal, permitir que un grupo tan esencial como el de las enfermeras de urgencias continúe sin reconocimiento especializado constituye una falla institucional. Si queremos una sanidad digna, una justicia profesional, un sistema que honre el principio de igualdad no sólo en la ley sino en la práctica, el reconocimiento de la especialidad de enfermería en urgencias y emergencias debe dejar de ser una demanda sectorial para convertirse en una prioridad nacional.
