Los residentes de Madrid denuncian presiones de la Consejería de Sanidad para evitar una huelga masiva

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Los MIR consideran los servicios mínimos «abusivos», apuntan a coacciones verbales y han solicitado medidas «cautelarísimas» ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Dvd 1009 9.7.20 Concentración de Residentes frente a la puerta principal del Hospital de la.Paz. Madrid. foto: santi burgos

Hace una semana, los residentes de Medicina y Enfermería de Madrid convocaron oficialmente una huelga —a partir del próximo lunes y de forma indefinida para las guardias y la jornada de los lunes, del 100%—, por las condiciones laborales que soportan desde hace años, recrudecidas por la crisis de la covid-19. Y hace también una semana comenzaron las presiones. El Comité de Huelga MIR denuncia la imposición de unos servicios mínimos “abusivos”, del 100%; coacciones verbales “para evitar que la secunden quienes están dudando”; órdenes por parte de la Dirección General de Recursos Humanos del Sistema Madrileño de Salud (Sermas) a los centros para “desincentivar la afluencia”; y “malas formas e indisposición a resolver el conflicto” por parte de la Consejería de Sanidad.

Este miércoles, el Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad envió un comunicado en el que informaban de que los residentes llevaban una semana recibiendo “correos electrónicos que les transmiten instrucciones emanadas de las unidades docentes”, y que a su vez procedían del Sermas. “En relación a la huelga de residentes, informar que desde su convocatoria no está permitido ni la solicitud de nuevos permisos voluntarios, ni cambios de guardias”, se lee en uno de esos emails. “No pueden aprobarse nuevas solicitudes de vacaciones, permisos ni licencias para el colectivo afectado por la huelga. Tampoco podrán realizarse cambios de guardia”, se lee en otro.

También este miércoles, el Comité, representado por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), envió a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la petición de “la adopción de la medida cautelarísima “inaudita parte”, consistente en suspender la propuesta de servicios mínimos” del Sermas, que se resolverán en un plazo máximo de 48 horas.

Servicios mínimos

Diego Boianelli, presidente del Comité de Huelga, dice que se imaginaban que habría servicios mínimos, “pero no el 100%”. En una primera reunión con la Consejería el 2 de julio, recuerda, “se levantaron y se fueron” —se refiere a Raquel Sampedro, la directora general de Recursos Humanos del SERMAS y a Paloma Uriarte, la subdirectora—, “no tienen ninguna intención de resolver el conflicto”. Al contrario, alega, “imponen una propuesta que va contra los derechos de los residentes”.

La Consejería de Sanidad responde con el mismo texto que la pasada semana a las preguntas de este diario, aludiendo a que “el comité se sentó a negociar habiendo registrado previamente convocatoria de huelga a partir del día 13 de julio, vulnerando claramente la buena voluntad de las partes que ha de guiar cualquier negociación y demostrando su falta de interés para acordar y evitar el conflicto… No obstante, la Consejería de Sanidad estaría dispuesta a reiniciar nuevamente las conversaciones siempre y cuando procedan, de forma inmediata, a la retirada del aviso de huelga”. Y envían su propuesta: unos servicios mínimos del 100% en las guardias porque “la Administración considera que la actividad que desarrolla el personal en formación en los centros sanitarios tiene un carácter esencial” y porque “su ausencia puede suponer un peligro para la salud de los pacientes”.

 

 

La petición de “medidas cautelarísimas” argumenta contra el discurso de la Consejería basándose en la función de base que, legalmente, ostentan los residentes: “La función asistencial del personal residente tiene un carácter instrumental al servicio de su formación especializada, siendo los facultativos especialistas (que ya lo son) los que tienen que asumir la asistencia de los pacientes, dado que incluso en una situación normal, la actividad del personal residente ha de ser tutorizada por aquellos […], no tratan de suplir ni complementar las que incumben a los médicos que integran la plantilla del mismo”.

Por eso, se extiende el texto, “el personal laboral en formación en Ciencias de la Salud no puede formar parte de los servicios mínimos de un hospital, durante una jornada de huelga, dado que de tal modo se estaría violentando su derecho de huelga previsto en la Constitución”. Respecto a la “puesta en peligro de la salud de los pacientes”, concluyen “que lo que realmente podría poner en riesgo la salud de los pacientes sería la postura de la Administración a la hora de establecer mínimos para una situación como esta sin tener en cuenta la obligación de supervisión de los facultativos especialistas sobre el personal residente”.

 

De esa situación de base de los MIR, dice el representante del Comité, “viene todo esto, por algo que está mal hecho desde siempre, los centros deberían poder funcionar sin nosotros”. En otras huelgas, como la de 2018 y 2019, esto “ni se había pensado”, recuerda. Algo en lo que la petición ante el TSJ de Madrid también ahonda y ejemplifica “solo al caso más reciente”, la convocatoria de huelga indefinida convocada por los residentes del hospital 12 de Octubre a partir del 30 de noviembre de 2018: “No fueron establecidos Servicios Mínimos al afectar exclusivamente al personal en formación (MIR)” y así, literalmente, queda recogido en el hecho probado segundo de la Sentencia nº 85/2019, de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social nº 26”. Además de incluir varias sentencias del Tribunal Supremo que avalan su petición.

Conflictos en cadena

Pero la situación ahora es distinta. La pandemia, que ha golpeado en Madrid como en ningún otro territorio, ha dejado al descubierto más que nunca las costuras del sistema sanitario de la Comunidad, con profesionales que arrastran condiciones laborales que empeoran año tras año. En los médicos adjuntos y también en los residentes, que históricamente han desempeñado un papel de especialista aún sin serlo por el menoscabo que, también históricamente, vienen haciendo sucesivos gobiernos del Partido Popular sobre la plantilla y el sistema sanitario público.

Esta actuación ahora por parte de la Consejería de Sanidad encadena una serie de conflictos en cascada de la que residentes, unidades docentes, adjuntos, jefes de servicio y hospitales son conscientes. Los centros no tienen margen de maniobra, sea cual sea su posición sobre la huelga; desde La Paz saben que el panorama es “complicado”, corroboran que “efectivamente viene de arriba” y añaden que no suelen entrar “en valoraciones” cuando se suceden situaciones como estas. Al igual que ocurre entre los jefes de servicio, que tienen la responsabilidad de mantener el funcionamiento de sus unidades y ya se enfrentan a diario con menos personal del que les gustaría.

Por otro lado, la irrealidad de la situación que marca el papel —que los residentes no deben ser necesarios para el funcionamiento de los centros— hace que la convocatoria de la huelga afecte a los adjuntos, “que tendrían que romper sus vacaciones o sus libranzas para cubrir los puestos que no cubramos nosotros”, apunta Ruma Chaviano, residente de tercer año de Anestesia de La Paz. “Entendemos que por esto haya adjuntos que rechacen la huelga en un primer momento, todos estamos además agotados después de estos meses, pero es que esta huelga también va a favor de ellos, del personal sanitario de forma colectiva”.

Ahora mismo, pone un ejemplo, “un servicio de Urgencia no puede funcionar sin residentes, porque el número de adjuntos no es suficiente”. Visibilizar esa carencia, opina, “va en beneficio a largo plazo de los residentes, los adjuntos, los hospitales y también de los pacientes”. En esa misma línea va parte del discurso de Fran Recio, residente de cuarto año de Pediatría en el Ramón y Cajal. Explica cómo, en infinidad de ocasiones, los MIR ejercen potestad de diagnóstico o tratamiento sin tener que hacerlo: “Actuamos como especialistas, desde el primer año. Eso es malo para nosotros y para los pacientes. Imagina que llega un niño que lleva ocho meses en lista de espera y yo tengo que decir que soy el endocrino pediátrico o el gastroentórologo pediátrico… Pues eso, ese tipo de cosas”.

El residente no responsabiliza a los hospitales: “La culpa es del sistema y es una negligencia, nos mantiene con unas plantillas muy reducidas provocando este tipo de cosas, obligándonos a duplicar guardias y trabajar de viernes por la mañana a lunes a mediodía y si dices que no la respuesta es “vale, pues no operas”, negándonos la formación”.

Recio, Chaviano y Boianelli, como muchos otros residentes, saben que la batalla contra la Administración no va a ser fácil, por muchos motivos. Uno que viene de dentro, apunta Chaviano: “Somos un colectivo muy precarizado, poco dado a la lucha, no hay cultura combativa ni reivindicativa, y por eso hay una parte de la plantilla que lleva años trabajando y que no está de acuerdo con nuestras exigencias ni reclamaciones, dicen “que esto siempre ha sido así”. Y otro desde arriba, concluye Boianelli: “Están asustados, obviamente, la Consejería sabe que sin los residentes se caerían muchos servicios de muchos hospitales, y van a intentar reventar la huelga cueste lo que cueste”

El Pais