La ciudadanía presiona para garantizar el fin del modelo Alzira en el hospital de Torrevieja

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n grupo de vecinos y vecinas de la Vega Baja impulsa la Plataforma por la Sanidad 100×100 Pública y de calidad en el departamento 22 Torrevieja para asegurar que no se renueve la concesión del hospital del municipio alicantino, resultado de la implantación del denominado modelo Alzira, una forma de privatización cuyas implicaciones la pandemia ha sacado a la palestra.

 

En medio de la pandemia, el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, hacía unas polémicas declaraciones a las que se apresuraron a contestar colectivos en defensa de la sanidad pública. El socialista se refería a la reversión de concesiones hospitalarias como una cuestión “a analizar” y reconocía la paralización de las conversaciones en ese momento. “La situación de crisis sanitaria, social y económica no puede ser una excusa para abandonar la reversión a la sanidad pública del modelo Alzira”, advertía días más tarde la Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud del País Valenciano (ACDESA-PV). No fue la única respuesta: también se empezó a constituir la Plataforma por la Sanidad 100×100 Pública y de calidad en el Departamento 22 Torrevieja, que fue presentada públicamente el pasado martes 23 de junio.

Las dudas que suscitó la poca consistencia del President acerca de la reversión del modelo Alzira en Torrevieja invitó a que un grupo de vecinos y vecinas de la zona se organizaran. “El Gobierno valenciano ha dicho siempre, y está en el programa electoral, que iba a recuperar la gestión directa de este y otros departamentos, así que nos extrañaron esas declaraciones”, arranca Manuel Gómez, portavoz de la Plataforma por la Sanidad pública en Torrevieja de reciente creación y miembro de la Asociación de Vecinos San Miguel de Arcángel. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, sí avanzó semanas después de la polémica que “la hoja de ruta del Gobierno valenciano” no había cambiado y que no se prorrogaría el contrato del hospital de Torrevieja con el grupo Ribera Salud, concesionaria que lleva la gestión del complejo desde 2006.

Si embargo, el vecindario mantiene cautela: “Vamos a estar ahí para recordarle al Botànic que tiene que hacerlo, porque es un compromiso y es lo que toca”, sostiene Eva De la Fuente, vecina de Torrevieja y miembro de la Plataforma para la defensa de las pensiones de la Vega Baja. “Queremos que de las declaraciones se pase a los hechos, y la respuesta la vamos a tener bien pronto”, advierte Gómez.

solución en tres meses a una historia de 20 años

Gómez se refiere al próximo mes de octubre, momento en el que la Generalitat debería comunicar oficialmente a Ribera Salud que no se prorrogará el contrato, que concluye el 21 de octubre de 2021. Cabe la opción, sin embargo, de que la concesión pudiera alargarse cinco años más si ambas partes (la Generalitat y el grupo Ribera) llegaran a un acuerdo. “El contrato está hecho de tal manera que puede haber una prórroga si no se pide esa reversión”, adelanta Eduardo Zafra, “por eso las plataformas están tratando de forzar a que se comunique a la empresa que no se va a ampliar el acuerdo”.

 

 

Cabe la opción, no obstante, de que la concesión pudiera alargarse cinco años más si la Generalitat y el grupo Ribera llegaran a un acuerdo, por lo que defensores de la sanidad pública se están movilizando

Y es que pocos días después de la concentración por la sanidad pública en el hospital de Torrevieja, el pasado 20 de junio, cuando la consellera ya había reiterado que no se prolongaría la concesión, dirigentes del PP visitaron el hospital y mostraron su apoyo al mantenimiento del modelo actual, que repitieron exitoso y eficiente, al tiempo que criticaron la vuelta a lo público del hospital de Alzira, el primer centro al que se cedió la gestión a cambio de un canon y cuyo concierto terminó en 2018.

“Los estudios que han revelado la mayor eficiencia de la sanidad privada con respecto a la pública no son concluyentes, muchos de ellos están contaminados por conflictos de interés a favor de la empresa y en los más serios la conclusión es que no existe una diferencia significativa, y las que pudiera haber tienen más que ver con la autonomía de gestión de los centros sanitarios que con que el modelo sea público o privado”, argumenta Zafra al respecto.

El médico achaca las declaraciones de Puig a una especie de conjunción de “globo sonda, presión de los lobbys sanitarios privados y análisis de lo que costó a la sanidad pública la reversión de Alzira”, que no suponía gasto al finalizar el contrato, pero con cuya reversión a lo pública hubo que aumentar la plantilla en 461 profesionales, según datos de la Generalitat, ya que algunos servicios no estaban lo suficientemente cubiertos.

“El personal de Torrevieja se quedaría en la pública, como sucedió en Alzira. Y aunque aquí el PP, Ribera Salud y algunos medios digan que la situación actual de Alzira es totalmente nefasta, hay datos que demuestran lo contrario, en el tema de la plantilla, aparataje que metieron, mejora de la atención primaria…”, argumenta De la Fuente. En La batalla per la sanitat pública (Alfons el Magnànim, 2019), el periodista Sergi Castillo calcula que las concesiones valencianas, muchas de ellas controladas por el grupo Ribera Salud, han costado alrededor de 7.500 millones de euros en 15 años —de 2003 a 2018—, y presenta cuestiones como el menor al número de camas por habitantes en centros privatizados o la falta de control hacia las empresas.

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