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Médico de urgencias y emergencias. Hospital la Ribera de Alzira. Valencia España. ricardin@gmail.com

Los residentes de Madrid denuncian presiones de la Consejería de Sanidad para evitar una huelga masiva

En NOTICIAS. CONFLICTOS/PORTADA

Los MIR consideran los servicios mínimos «abusivos», apuntan a coacciones verbales y han solicitado medidas «cautelarísimas» ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Dvd 1009 9.7.20 Concentración de Residentes frente a la puerta principal del Hospital de la.Paz. Madrid. foto: santi burgos

Hace una semana, los residentes de Medicina y Enfermería de Madrid convocaron oficialmente una huelga —a partir del próximo lunes y de forma indefinida para las guardias y la jornada de los lunes, del 100%—, por las condiciones laborales que soportan desde hace años, recrudecidas por la crisis de la covid-19. Y hace también una semana comenzaron las presiones. El Comité de Huelga MIR denuncia la imposición de unos servicios mínimos “abusivos”, del 100%; coacciones verbales “para evitar que la secunden quienes están dudando”; órdenes por parte de la Dirección General de Recursos Humanos del Sistema Madrileño de Salud (Sermas) a los centros para “desincentivar la afluencia”; y “malas formas e indisposición a resolver el conflicto” por parte de la Consejería de Sanidad.

Este miércoles, el Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad envió un comunicado en el que informaban de que los residentes llevaban una semana recibiendo “correos electrónicos que les transmiten instrucciones emanadas de las unidades docentes”, y que a su vez procedían del Sermas. “En relación a la huelga de residentes, informar que desde su convocatoria no está permitido ni la solicitud de nuevos permisos voluntarios, ni cambios de guardias”, se lee en uno de esos emails. “No pueden aprobarse nuevas solicitudes de vacaciones, permisos ni licencias para el colectivo afectado por la huelga. Tampoco podrán realizarse cambios de guardia”, se lee en otro.

También este miércoles, el Comité, representado por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), envió a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la petición de “la adopción de la medida cautelarísima “inaudita parte”, consistente en suspender la propuesta de servicios mínimos” del Sermas, que se resolverán en un plazo máximo de 48 horas.

Servicios mínimos

Diego Boianelli, presidente del Comité de Huelga, dice que se imaginaban que habría servicios mínimos, “pero no el 100%”. En una primera reunión con la Consejería el 2 de julio, recuerda, “se levantaron y se fueron” —se refiere a Raquel Sampedro, la directora general de Recursos Humanos del SERMAS y a Paloma Uriarte, la subdirectora—, “no tienen ninguna intención de resolver el conflicto”. Al contrario, alega, “imponen una propuesta que va contra los derechos de los residentes”.

La Consejería de Sanidad responde con el mismo texto que la pasada semana a las preguntas de este diario, aludiendo a que “el comité se sentó a negociar habiendo registrado previamente convocatoria de huelga a partir del día 13 de julio, vulnerando claramente la buena voluntad de las partes que ha de guiar cualquier negociación y demostrando su falta de interés para acordar y evitar el conflicto… No obstante, la Consejería de Sanidad estaría dispuesta a reiniciar nuevamente las conversaciones siempre y cuando procedan, de forma inmediata, a la retirada del aviso de huelga”. Y envían su propuesta: unos servicios mínimos del 100% en las guardias porque “la Administración considera que la actividad que desarrolla el personal en formación en los centros sanitarios tiene un carácter esencial” y porque “su ausencia puede suponer un peligro para la salud de los pacientes”.

 

 

La petición de “medidas cautelarísimas” argumenta contra el discurso de la Consejería basándose en la función de base que, legalmente, ostentan los residentes: “La función asistencial del personal residente tiene un carácter instrumental al servicio de su formación especializada, siendo los facultativos especialistas (que ya lo son) los que tienen que asumir la asistencia de los pacientes, dado que incluso en una situación normal, la actividad del personal residente ha de ser tutorizada por aquellos […], no tratan de suplir ni complementar las que incumben a los médicos que integran la plantilla del mismo”.

Por eso, se extiende el texto, “el personal laboral en formación en Ciencias de la Salud no puede formar parte de los servicios mínimos de un hospital, durante una jornada de huelga, dado que de tal modo se estaría violentando su derecho de huelga previsto en la Constitución”. Respecto a la “puesta en peligro de la salud de los pacientes”, concluyen “que lo que realmente podría poner en riesgo la salud de los pacientes sería la postura de la Administración a la hora de establecer mínimos para una situación como esta sin tener en cuenta la obligación de supervisión de los facultativos especialistas sobre el personal residente”.

 

De esa situación de base de los MIR, dice el representante del Comité, “viene todo esto, por algo que está mal hecho desde siempre, los centros deberían poder funcionar sin nosotros”. En otras huelgas, como la de 2018 y 2019, esto “ni se había pensado”, recuerda. Algo en lo que la petición ante el TSJ de Madrid también ahonda y ejemplifica “solo al caso más reciente”, la convocatoria de huelga indefinida convocada por los residentes del hospital 12 de Octubre a partir del 30 de noviembre de 2018: “No fueron establecidos Servicios Mínimos al afectar exclusivamente al personal en formación (MIR)” y así, literalmente, queda recogido en el hecho probado segundo de la Sentencia nº 85/2019, de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social nº 26”. Además de incluir varias sentencias del Tribunal Supremo que avalan su petición.

Conflictos en cadena

Pero la situación ahora es distinta. La pandemia, que ha golpeado en Madrid como en ningún otro territorio, ha dejado al descubierto más que nunca las costuras del sistema sanitario de la Comunidad, con profesionales que arrastran condiciones laborales que empeoran año tras año. En los médicos adjuntos y también en los residentes, que históricamente han desempeñado un papel de especialista aún sin serlo por el menoscabo que, también históricamente, vienen haciendo sucesivos gobiernos del Partido Popular sobre la plantilla y el sistema sanitario público.

Esta actuación ahora por parte de la Consejería de Sanidad encadena una serie de conflictos en cascada de la que residentes, unidades docentes, adjuntos, jefes de servicio y hospitales son conscientes. Los centros no tienen margen de maniobra, sea cual sea su posición sobre la huelga; desde La Paz saben que el panorama es “complicado”, corroboran que “efectivamente viene de arriba” y añaden que no suelen entrar “en valoraciones” cuando se suceden situaciones como estas. Al igual que ocurre entre los jefes de servicio, que tienen la responsabilidad de mantener el funcionamiento de sus unidades y ya se enfrentan a diario con menos personal del que les gustaría.

Por otro lado, la irrealidad de la situación que marca el papel —que los residentes no deben ser necesarios para el funcionamiento de los centros— hace que la convocatoria de la huelga afecte a los adjuntos, “que tendrían que romper sus vacaciones o sus libranzas para cubrir los puestos que no cubramos nosotros”, apunta Ruma Chaviano, residente de tercer año de Anestesia de La Paz. “Entendemos que por esto haya adjuntos que rechacen la huelga en un primer momento, todos estamos además agotados después de estos meses, pero es que esta huelga también va a favor de ellos, del personal sanitario de forma colectiva”.

Ahora mismo, pone un ejemplo, “un servicio de Urgencia no puede funcionar sin residentes, porque el número de adjuntos no es suficiente”. Visibilizar esa carencia, opina, “va en beneficio a largo plazo de los residentes, los adjuntos, los hospitales y también de los pacientes”. En esa misma línea va parte del discurso de Fran Recio, residente de cuarto año de Pediatría en el Ramón y Cajal. Explica cómo, en infinidad de ocasiones, los MIR ejercen potestad de diagnóstico o tratamiento sin tener que hacerlo: “Actuamos como especialistas, desde el primer año. Eso es malo para nosotros y para los pacientes. Imagina que llega un niño que lleva ocho meses en lista de espera y yo tengo que decir que soy el endocrino pediátrico o el gastroentórologo pediátrico… Pues eso, ese tipo de cosas”.

El residente no responsabiliza a los hospitales: “La culpa es del sistema y es una negligencia, nos mantiene con unas plantillas muy reducidas provocando este tipo de cosas, obligándonos a duplicar guardias y trabajar de viernes por la mañana a lunes a mediodía y si dices que no la respuesta es “vale, pues no operas”, negándonos la formación”.

Recio, Chaviano y Boianelli, como muchos otros residentes, saben que la batalla contra la Administración no va a ser fácil, por muchos motivos. Uno que viene de dentro, apunta Chaviano: “Somos un colectivo muy precarizado, poco dado a la lucha, no hay cultura combativa ni reivindicativa, y por eso hay una parte de la plantilla que lleva años trabajando y que no está de acuerdo con nuestras exigencias ni reclamaciones, dicen “que esto siempre ha sido así”. Y otro desde arriba, concluye Boianelli: “Están asustados, obviamente, la Consejería sabe que sin los residentes se caerían muchos servicios de muchos hospitales, y van a intentar reventar la huelga cueste lo que cueste”

El Pais   

Los médicos residentes, a la huelga: «Funcionamos como mano de obra barata»

En NOTICIAS. CONFLICTOS/PORTADA

Estuvieron en primera línea salvando vidas y reclaman mejoras laborales.

Los residentes de medicina y enfermería que trabajan en la Comunidad de Madrid han dicho “hasta aquí”. El coronavirus ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema de salud y ha prendido la mecha de su movilización. Han estado en primera línea, salvando vidas durante la pandemia y quieren que las condiciones laborales que soportan desde hace años mejoren. Irán a la huelga a partir del lunes 13 de julio.

Antes de presentar la convocatoria del paro indefinido enviaron sus propuestas a la Consejería de Sanidad el pasado 22 de mayo, pero no recibieron respuesta durante semanas. La primera reunión con las autoridades se produjo un mes después, tras el preaviso de huelga, pero no hubo ninguna negociación. “Ni siquiera se habían leído nuestras propuestas”, lamenta uno de los asistentes.

A la huelga están llamados todos los residentes de la región, es decir, aquellos profesionales sanitarios que están formándose en centros sanitarios para obtener un título de especialista. Esto incluye a médicos  —el colectivo más numeroso—, enfermeros, farmacéuticos y químicos, entre otros, que desempeñan su labor en hospitales, ambulatorios o centros de salud.

Uno de ellos es Álvaro Cerame, médico interino residente de tercer año, en la especialidad de psiquiatría, que rota entre el Hospital Severo Ochoa de Leganés y un centro específico de salud mental en la misma localidad. “Con la COVID-19, la gente ha dicho basta. Tenemos la sensación de estar quemados. Nos gusta nuestro trabajo, pero algunos días acabas pensando ‘¿quién me mandaba a mí meterme aquí?’”.

“Somos como un comodín del sistema sanitario, que está paliando las deficiencias de los centros. Si no estuviéramos, tendrían que contratar más adjuntos”, señala Susana Pardo, médica interina residente de tercer año, en la especialidad de medicina interna. Ejerce en el Hospital Gregorio Marañón y forma parte del comité de huelga.

Este verano, menos residentes de los habituales

Cerame, Pardo y otros profesionales como ellos exigen al Gobierno regional la negociación y posterior aprobación de un convenio colectivo que regule sus derechos laborales. Consideran que se les trata como mano de obra barata y que están sometidos a mucha presión. Sin ellos, muchos centros sanitarios tendrían muchas dificultades para funcionar.

Somos como un comodín del sistema sanitario, que está paliando las deficiencias de los centros»Suana Pardo (MIR)

La Comunidad de Madrid cuenta habitualmente con unos 5.000 médicos residentes en los centros sanitarios. Sin embargo, este verano habrá menos profesionales de lo habitual. En concreto, 4.279 médicos y 163 enfermeros, según los datos de la Consejería de Sanidad de Madrid a 30 de mayo.

Esta diferencia se debe a que una nueva generación de residentes, llamados R1, no se ha podido incorporar a sus puestos todavía debido a la pandemia. El Tribunal Supremo impidió que el proceso de adjudicación de plazas se hiciera exclusivamente de forma telemática, lo que ha retrasado su incorporación hasta después del verano. “Nos han dejado con una generación menos. Los que estamos ahora tenemos que cubrir la actividad que harían los R1. Nuestras condiciones han empeorado”, lamenta Pardo.

¿Qué pasará en caso de un rebrote? Los residentes volverán a vivir situaciones que les son, por desgracia, conocidas. Jornadas eternas, falta de libranzas y escasa esperanza en el futuro profesional. “Trabajamos mucho, funcionamos como mano de obra barata. Además, el futuro también es desalentador. Los médicos adjuntos acumulan contratos precarios, de una semana o un mes de duración”, asegura Cerame.

Un duro día a día

Estos jóvenes médicos se quejan de las largas jornadas laborales que realizan desde hace años. “Trabajamos entre 50 y 60 horas a la semana durante 4 años seguidos, cuando lo normal son 40 horas. Eso repercute de manera negativa en la salud de los pacientes y de los trabajadores”, señala Cerame.

Esta situación viene de lejos, pero se ha agravado durante la crisis sanitaria. Los residentes tenían que echar más horas para cubrir a compañeros que estaban de baja porque se habían contagiado por el coronavirus.

Otra de las reivindicaciones de estos jóvenes es que se respete el derecho de tener un día libre tras haber realizado una guardia. “Una guardia son 24 horas seguidas. Si trabajas de mañana haces tu jornada ordinaria y luego continúas 17 horas más. Si te toca en fin de semana, que no trabajas habitualmente, haces 24 horas”, explica Cerame.

Este derecho a librar después de una guardia suele respetarse en muchos casos, como el de Álvaro. “Al día siguiente de una guardia, uno no está para atender pacientes y se tiene que ir a su casa a dormir”, apunta.

Les chantajean diciéndoles que si empiezan a librar las guardias no les dejan operarSusana Pardo (MIR)

Sin embargo, no siempre ocurre así. Los médicos señalan que los incumplimientos se dan sobre todo en las especialidades quirúrgicas. “Supuestamente está reconocido por ley, pero tú puedes decidir libremente quedarte. Les chantajean diciéndoles que si empiezan a librar las guardias no les dejan operar”, asegura Pardo. “Les dicen que se queden y trabajan 33 horas seguidas. A veces lo esconden diciendo que hay una operación muy interesante”, coincide Cerame.

Mejores salarios y una mayor supervisión

Otra de sus quejas está relacionada con los salarios, ya que son inferiores a los de sus homólogos en otras comunidades autónomas. Los médicos señalan que a veces es difícil vivir en una ciudad con los alquileres tan caros como Madrid.

El sueldo base son 1.175 euros brutos al mes (unos 1.000 euros netos), que se incrementa cada año de residencia unos 75 euros. “Nos pagan como si fuéramos becarios, pero trabajamos como si fuéramos adjuntos”, afirma Pardo.

Nos pagan como si fuéramos becarios, pero trabajamos como si fuéramos adjuntosSusana Pardo (MIR)

A esta cantidad base hay que añadirle un dinero extra generado por las guardias realizadas durante el mes, que se pagan a 10,85 euros la hora. Este importe también sube a medida que pasan los años, aunque no cotiza para la Seguridad Social.

“El sueldo base bruto son unos 1.200 euros. Lo normal es hacer unas cuatro guardias al mes. Esto te hace tener un sueldo de unos 1.600 euros netos al mes”, explica Cerame.

Estos profesionales también reclaman que se garantice una supervisión efectiva de su trabajo, ya que todavía se encuentran en un periodo de formación. Cerame explica cómo funciona el sistema de formación médica: “Es un poco extraña porque estudias 6 años y eres médico, pero, en general, no sueles ejercer con ese título. La formación del sistema MIR sirve para hacerte especialista. Las residencias de medicina duran 4 o 5 años, en las que estás con un contrato formándote en una especialidad. Una vez termine, seré psiquiatra”, detalla.

A menudo ocurre que hay una gran desproporción entre los médicos adjuntos y los MIR a los que debería supervisar. Los residentes del Hospital 12 de Octubre ya fueron a la huelga hace dos años porque solo había dos médicos adjuntos en urgencias para revisar a cerca de 20 residentes.

“Cuando llegas de residente el primer año, te sueltan ahí y te pones a atender pacientes, sin que un adjunto revise lo que has hecho. Hacemos mucha medicina defensiva y gastamos mucho más dinero al sistema”, cuenta Pardo.

Ante estas situaciones, los huelguistas exigen a las autoridades sanitarias que se respete un máximo de cuatro residentes por cada médico adjunto. Además, solo uno de esos cuatro podría encontrarse en su primer año de residencia.

La mayoría de pacientes pasan la mayor parte del circuito de urgencias sin la revisión de un adjunto»Susana Pardo (MIR)

“Los médicos adjuntos son un número muy reducido respecto a los residentes que estamos en urgencias. La mayoría de los pacientes pasan la mayor parte del circuito de urgencias sin la revisión de los adjuntos”, asegura Pardo.

Madrid dice que lo que piden es “inasumible”

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pide a los residentes que desconvoquen la huelga para iniciar una negociación, aunque califican sus propuestas de inasumibles. Hasta el momento solo se han sentado para anunciarles unos servicios mínimos del 100%, que han sido recurridos ante los tribunales.

El conflicto ha estallado en Madrid, pero los residentes de otras comunidades como La Rioja y Comunitat Valenciana también empiezan a movilizarse por sus derechos tras haber atravesado unos meses muy duros de pandemia.

Luchan por sus derechos, pero también por la salud de todos.

 

https://www.huffingtonpost.es/

El Servicio de urgencias del Hospital de El Hierro en peligro de extinción

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La mayoría del personal médico adjunto al Servicio de urgencia del único centro hospitalario herreño, el hospital Insular Virgen de Los Reyes, ha mantenido conversaciones esta semana con representantes de el Cabildo insular para tratar el conflicto que, en palabras del cuerpo sanitario, viene motivado por “muchas de las medidas tomadas desde la llegada al cargo del actual gerente” que, añaden este grupo de médicos, “carecen de suficiente estudio, así como del consenso mínimo que es esperable en una organización compleja como es el Hospital de El Hierro” aseguran el grupo de ocho médicos afectados por estas medidas.

Hasta ocho de los diez profesionales médicos adjuntos al Servicio de urgencia del Hospital insular Virgen de Los Reyes, en El Hierro, cesarán su puesto de trabajo si no llegan a un acuerdo con la actual gerencia.

En concreto, estos profesionales se refieren a las medidas pretendidas por la Gerencia para reordenar el marco organizativo y funcional de las Urgencias del centro hospitalario. Una remodelación que afecta al sistema de turnos laborales de esta plantilla y que supone, según manifiestan estos profesionales “desintegrar el actual equipo sanitario que tanto esfuerzo y trabajo ha costado atraer y ensamblar en el Servicio de asistencia de urgencia del Hospital insular” aseguran el grupo de ocho médicos afectados.

Su denuncia se basa en que lo que se plantea “altera profundamente las relaciones laborales del personal que presta sus servicios en el Hospital insular y las distintas Áreas de salud” y hacen referencia a que “la vida laboral, profesional y familiar del colectivo de médicos de Urgencias se ve ya muy afectada, alterada, y perjudicada por las medidas pretendidas”.

“La turnicidad actual en el servicio de Urgencias ha supuesto un importante incentivo para que reputados profesionales del área de sanidad eligieran el Hospital insular Virgen de Los Reyes. De desaparecer este incentivo, que en ningún caso es económico, sino que deviene de la voluntaria acumulación de los tiempos de trabajo efectivo y de descanso, serán muchos los profesionales que se verán desmotivados a la hora de conciliar su trabajo, con la consiguiente e importantísima pérdida de calidad del colectivo que presta sus servicios en Urgencias”, manifiestan los ocho médicos afectados por estas medida.

 

Con base en dicha experiencia, mantienen que “las posibles y siempre deseables mejoras del servicio de Urgencias no pasan por poner el foco en la los turnos sino en el incremento de recursos destinados a la atención urgente”. Y recuerdan que “el actual sistema de turnicidad del Servicio de urgencias ha sido hasta ahora perfectamente capaz de adaptarse a los cambios en las necesidades de la población y a situaciones sanitarias imprevistas, y siempre dentro de los diferentes escenarios presupuestarios”.

Su propuesta se fundamenta en “definir un modelo de organización futuro de las Urgencias del Hospital Insular Virgen de Los Reyes que se desarrolle con una implantación de un plan que vaya más allá de la improvisación de la Gerencia, que pretende aplicar en dos meses acciones que deberían cuanto menos implementarse con carácter plurianual” aseguran el grupo de ocho médicos afectados por estas medida. 

Por ello y, ante la ausencia de diálogo por parte de la Gerencia, la práctica totalidad del personal médico que atiende las urgencias herreñas ha iniciado conversaciones con la corporación insular para llegar a una solución beneficiosa para la calidad asistencial de la Isla y del personal que la atiende en este servicio. 

Sin embargo, pese a la voluntad de acuerdo mostrada al contactar con el Cabildo herreño por los ocho profesionales médicos adjuntos del citado servicio compuesto por una plantilla de diez, las últimas actuaciones del gerente hospitalario de la Isla han sido no solo mantener la oficialidad de todas sus notificaciones, sino además realizar contactos telefónicos para conformar un equipo médico que reemplace a esta plantilla de medicina de Urgencias que denuncia que “la Gerencia del Hospital insular Nuestra Señora de Los Reyes, está lejos de estar llevando a cabo un proceso de modernización, adecuación y racionalización de los servicios sanitarios, en el área de Urgencias” aseguran.

Si bien reconocen que se trata de un planteamiento amparado en parte bajo el paraguas de directivas europeas y por el Estatuto Marco, aluden que son medidas que “no dejan de ser aventuradas e improvisadas, sin el suficiente rigor práctico, lo que repercutirá en que, una vez llevadas a cabo, el daño al servicio de urgencia del Hospital Nuestra Señora de los Reyes sea irreversible” aseguran el grupo de médicos afectados por estas medida.

Para este cuerpo médico, “las decisiones de la Gerencia de los Servicios sanitarios de El Hierro no responden en absoluto a criterios de mejora de los parámetros de calidad asistencial en el Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes. Lo que ha hecho la Gerencia es transcribir la literalidad de una normativa sanitaria sin siquiera llevar a cabo un estudio que identifique problemas y áreas de mejora a través del consenso que cuente al menos la participación de médicos y enfermeras expertos del propio centro”.

Por ello, piden un plan de actuación dirigido a adecuar servicios y racionalizar el gasto sanitario “que no se produzca mediante un solo modelo de organización como pretende la gerencia, sino que se adapte a las circunstancias locales tal y como la normativa sanitaria recomienda en todo momento”. Además, solicitan que para ello se cuente con la plantilla, algo que, dicen, “no se ha producido en absoluto”

Ante la respuesta del actual gerente al conflicto, mantienen que “un exhaustivo análisis de la situación de los servicios de urgencias del Hospital Insular Virgen de Los Reyes revelaría que la actual asistencia sanitaria urgente de todos los herreños, ahora mismo es sin duda accesible, coordinada, segura, eficiente y de calidad, cumpliendo con el objetivo de responder a las expectativas de los ciudadanos y que el actual equipo médico de urgencias es de una reputadísima calidad, siendo algunos de sus integrantes profesionales de referencia nacional” aseguran el grupo de médicos afectados por estas medida. 

“Se trata de un problema político que está afectando a la calidad asistencial que en estos momentos se está ofreciendo” aseguran estos profesionales médicos del Servicio de urgencias de El Hierro al tiempo que se lamentan de que “es el estándar de calidad en la atención sanitaria de los herreños la que está en juego” aseguran los profesionales.

 

Gaceta del Meridiano

La ciudadanía presiona para garantizar el fin del modelo Alzira en el hospital de Torrevieja

En NOTICIAS. CONFLICTOS/PORTADA

n grupo de vecinos y vecinas de la Vega Baja impulsa la Plataforma por la Sanidad 100×100 Pública y de calidad en el departamento 22 Torrevieja para asegurar que no se renueve la concesión del hospital del municipio alicantino, resultado de la implantación del denominado modelo Alzira, una forma de privatización cuyas implicaciones la pandemia ha sacado a la palestra.

 

En medio de la pandemia, el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, hacía unas polémicas declaraciones a las que se apresuraron a contestar colectivos en defensa de la sanidad pública. El socialista se refería a la reversión de concesiones hospitalarias como una cuestión “a analizar” y reconocía la paralización de las conversaciones en ese momento. “La situación de crisis sanitaria, social y económica no puede ser una excusa para abandonar la reversión a la sanidad pública del modelo Alzira”, advertía días más tarde la Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud del País Valenciano (ACDESA-PV). No fue la única respuesta: también se empezó a constituir la Plataforma por la Sanidad 100×100 Pública y de calidad en el Departamento 22 Torrevieja, que fue presentada públicamente el pasado martes 23 de junio.

Las dudas que suscitó la poca consistencia del President acerca de la reversión del modelo Alzira en Torrevieja invitó a que un grupo de vecinos y vecinas de la zona se organizaran. “El Gobierno valenciano ha dicho siempre, y está en el programa electoral, que iba a recuperar la gestión directa de este y otros departamentos, así que nos extrañaron esas declaraciones”, arranca Manuel Gómez, portavoz de la Plataforma por la Sanidad pública en Torrevieja de reciente creación y miembro de la Asociación de Vecinos San Miguel de Arcángel. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, sí avanzó semanas después de la polémica que “la hoja de ruta del Gobierno valenciano” no había cambiado y que no se prorrogaría el contrato del hospital de Torrevieja con el grupo Ribera Salud, concesionaria que lleva la gestión del complejo desde 2006.

Si embargo, el vecindario mantiene cautela: “Vamos a estar ahí para recordarle al Botànic que tiene que hacerlo, porque es un compromiso y es lo que toca”, sostiene Eva De la Fuente, vecina de Torrevieja y miembro de la Plataforma para la defensa de las pensiones de la Vega Baja. “Queremos que de las declaraciones se pase a los hechos, y la respuesta la vamos a tener bien pronto”, advierte Gómez.

solución en tres meses a una historia de 20 años

Gómez se refiere al próximo mes de octubre, momento en el que la Generalitat debería comunicar oficialmente a Ribera Salud que no se prorrogará el contrato, que concluye el 21 de octubre de 2021. Cabe la opción, sin embargo, de que la concesión pudiera alargarse cinco años más si ambas partes (la Generalitat y el grupo Ribera) llegaran a un acuerdo. “El contrato está hecho de tal manera que puede haber una prórroga si no se pide esa reversión”, adelanta Eduardo Zafra, “por eso las plataformas están tratando de forzar a que se comunique a la empresa que no se va a ampliar el acuerdo”.

 

 

Cabe la opción, no obstante, de que la concesión pudiera alargarse cinco años más si la Generalitat y el grupo Ribera llegaran a un acuerdo, por lo que defensores de la sanidad pública se están movilizando

Y es que pocos días después de la concentración por la sanidad pública en el hospital de Torrevieja, el pasado 20 de junio, cuando la consellera ya había reiterado que no se prolongaría la concesión, dirigentes del PP visitaron el hospital y mostraron su apoyo al mantenimiento del modelo actual, que repitieron exitoso y eficiente, al tiempo que criticaron la vuelta a lo público del hospital de Alzira, el primer centro al que se cedió la gestión a cambio de un canon y cuyo concierto terminó en 2018.

“Los estudios que han revelado la mayor eficiencia de la sanidad privada con respecto a la pública no son concluyentes, muchos de ellos están contaminados por conflictos de interés a favor de la empresa y en los más serios la conclusión es que no existe una diferencia significativa, y las que pudiera haber tienen más que ver con la autonomía de gestión de los centros sanitarios que con que el modelo sea público o privado”, argumenta Zafra al respecto.

El médico achaca las declaraciones de Puig a una especie de conjunción de “globo sonda, presión de los lobbys sanitarios privados y análisis de lo que costó a la sanidad pública la reversión de Alzira”, que no suponía gasto al finalizar el contrato, pero con cuya reversión a lo pública hubo que aumentar la plantilla en 461 profesionales, según datos de la Generalitat, ya que algunos servicios no estaban lo suficientemente cubiertos.

“El personal de Torrevieja se quedaría en la pública, como sucedió en Alzira. Y aunque aquí el PP, Ribera Salud y algunos medios digan que la situación actual de Alzira es totalmente nefasta, hay datos que demuestran lo contrario, en el tema de la plantilla, aparataje que metieron, mejora de la atención primaria…”, argumenta De la Fuente. En La batalla per la sanitat pública (Alfons el Magnànim, 2019), el periodista Sergi Castillo calcula que las concesiones valencianas, muchas de ellas controladas por el grupo Ribera Salud, han costado alrededor de 7.500 millones de euros en 15 años —de 2003 a 2018—, y presenta cuestiones como el menor al número de camas por habitantes en centros privatizados o la falta de control hacia las empresas.

ElsaltoDiario.com

Médicos ‘quemados’ antes de la COVID-19: «Llegó a ser un pulso perverso entre el paciente y yo, entre su salud y la mía»

En OPINION/PORTADA

Eduardo nunca tuvo la sensación de estar al día en su trabajo. Se sentía como un marinero que achica agua con una cucharilla de café mientras el barco se hunde. Sus jornadas laborales se prolongaban de las ocho de la mañana a las ocho de la tarde de lunes a viernes. Utilizaba los sábados para poner en orden los casos más difíciles con los que tenía que lidiar entre semana. Tampoco los domingos lograba desconectar.

En los últimos años, no era raro el día en que se quedara hasta las once de la noche analizando casos para reincorporarse a las siete de la mañana. Eduardo (nombre ficticio, al igual que los del resto de sanitarios que aparecen en este reportaje, que han querido preservar su identidad) estudió medicina por vocación, «por su valor humanitario», pero lleva años sin ejercer. La enfermedad de un familiar muy cercano le colocó frente al espejo y le hizo ver su incapacidad para gestionar todo aquello que se alejara de su labor como especialista en uno de los hospitales públicos de referencia de Canarias.

 

El bajón anímico precedió al sentimiento de culpa. «Estaba emocionalmente destrozado. Era incapaz de diagnosticar, temía meter la pata. Mi rendimiento empeoró, llegó a ser un pulso entre el paciente y yo, entre su salud y la mía. Era perverso». Trabajaba fuera de horario «por agobio, no con satisfacción». Aguantó, intentó cambiar la actitud, pero acabó sucumbiendo, agotado, en mitad de sus vacaciones. Eduardo renunció al descanso durante los primeros diez días para desatascar tarea pendiente. Cuando por fin paró, acabó de quebrarse. Le diagnosticaron un trastorno del sistema inmunitario que le obligó a permanecer hospitalizado durante dos semanas. «Dejar la profesión no fue una decisión, estaba tan mal que no podía seguir», confiesa.

Mientras busca la fórmula para reinventarse y reincorporarse al mercado laboral, reflexiona sobre su trayectoria vital y profesional. «Me quedé con la sensación de soledad absoluta, de tener que sacrificar diez años de formación y décadas de trabajo. Caes en la desesperanza cuando te das cuenta de que has dedicado media vida a algo que te ha provocado insatisfacción». La sobrecarga laboral mantenida durante años, unida a su alto grado de exigencia y a otros factores vinculados con la organización del trabajo, acabaron por agotarle física y emocionalmente. Recibió el diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo y no de un cuadro vinculado al desgaste laboral, lo cual generaba en Eduardo aún más culpabilidad. «El burn-out (síndrome del trabajador quemado) es una realidad muy compleja. Está oculto, mal visto. Los compañeros más cercanos me entienden, pero no ves apoyo del colectivo».

 Los resultados preliminares de una investigación del Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de la Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid sobre el impacto emocional de la crisis de la COVID-19 en los profesionales de la salud revelan que el 40% de los sanitarios se siente emocionalmente agotado en su trabajo. La emergencia del coronavirus les ha expuesto a situaciones límite y a una fuerte presión, pero la fotografía previa no era nada favorable. Así se desprende de la encuesta sobre la situación de la profesión médica en España, realizada a finales del año pasado a cerca de 20.000 de los 250.000 facultativos colegiados del país. Un 55% confesó estar agotado mentalmente por el trabajo. Otro estudio, elaborado en 2017 por el sindicato Satse, señalaba que la mitad de las profesionales de enfermería se sentía «quemado».

Un artículo publicado en la edición de junio en la revista de bioética Eidon, con Emilio Bouza (jefe del servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid) y Pedro Gil-Monte (catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia) como autores principales, profundiza en el síndrome del desgaste profesional en los sanitarios y precisa que los trabajadores de la salud están sometidos a un estrés laboral prolongado muy importante «por las propias exigencias emocionales, éticas y técnicas que impone la relación con sus pacientes» y que, por ello, son un colectivo en el que el «nivel de sospecha» de padecerlo «debe ser muy alto».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido el burn-out en la clasificación internacional de enfermedades profesionales. Se trata de un síndrome que puede afectar a trabajadores de todos los sectores profesionales, pero tiene una mayor incidencia en aquellas actividades vinculadas con la atención y el cuidado de seres humanos. Según explica Elena de los Ángeles, psicóloga y auditora en sistemas de gestión de Prevención de Riesgos Laborales, en este trastorno influyen factores de personalidad y organizacionales. «Me encuentro con personas con un alto grado de exigencia y una gran motivación para desempeñar su trabajo, pero la manera de organizarlo no es la idónea y empiezan a sentir una frustración que se mantiene en el tiempo», relata respecto a su experiencia concreta con sanitarios. «De forma progresiva, se sienten más fatigadas, más agotadas. Además, manifiestan irritabilidad, actitudes negativas, respuestas frías e impersonales. Se da incluso un componente llamativo, que es el cinismo. Hablamos de despersonalización. Por último, hay una falta de realización personal. Empiezan a tener respuestas negativas hacia sí mismos y hacia sus trabajos», añade la psicóloga y perito.

A ello se le pueden unir otras repercusiones físicas, como la cefalea, la hipertensión, la fatiga crónica, los dolores musculares o las úlceras; psicológicas, como la ansiedad o la depresión, y conductuales, como el incremento del absentismo, el descenso de la productividad y, en última instancia, el abandono prematuro de la profesión.

 

 

Eldiario.es

 

Oriol Yuguero, médico de urgencias en Lleida: «Estamos reviviendo lo mismo que en marzo»

En INFORMACION CORPORATIVA/OPINION

  • l Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tiene 28 enfermos ingresados en planta y 6 en la UCI y atiende a una media de 40 pacientes al día con coronavirus

  • El doctor del servicio de Urgencias afirma que el nuevo brote «nos coge a todos cansados»

El brote de coronavirus en Lleida ha obligado a decretar el primer confinamiento territorial tras el estado de alarma. La pandemia se ha adelantado a las perspectivas más optimistas, ya que los médicos lo esperaban para octubre. A diferencia de hace tres meses, la mayoría de personas atendidas en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tienen menos de 70 años. El doctor Oriol Yuguero, médico del servicio de Urgencias del centro, explica a NIUS cómo están viviendo el nuevo brote.

Pregunta: ¿Cuál es el estado del hospital Arnau de Vilanova?

Respuesta: En este momento tenemos 28 enfermos ingresados en planta y 6 en la UCI.

P. ¿Tienen pensado abrir una nueva planta para pacientes de COVID?

R. Lo haremos en función de los pacientes que lleguen. El hospital sigue trabajando a pleno rendimiento con el resto de patologías no COVID. En marzo era más fácil disponer de plantas porque no había nada más, ahora tenemos enfermos de cirugías y otras patologías y los desplazamos en función de las necesidades. La mayoría de pacientes son leves y no necesitan ingreso. Cada mañana mantenemos una reunión donde actualizamos el volumen de pacientes que tenemos y su gravedad. Estamos reduciendo las cirugías no fundamentales para tener sitio.

P. ¿Cuál es la situación de la carpa?

R. De momento no afecta al hospital. Tenemos bastante volumen de enfermos no COVID, unos 30 – 40 casos de COVID al día. Tenemos que garantizar que haya separación. Al principio lo hacíamos con espacios reaprovechados pero la situación no se podía sostener si duraba mucho, así que el SEM abrió esta zona para preservar circuitos limpios. Todos los enfermos pasan a urgencias para ser valorados, si enfermería identifica síntomas COVID, les aparta del circuito común. Tardamos de 3 a 4 horas entre que sale la radiografía y la analítica. Si la persona está bien y vive en Lleida pueden volver a casa y hacer el confinamiento.

P. ¿Cuál es el perfil de los enfermos?

R. El perfil es gente muy joven tanto autóctona como no, y dentro de ellos están los temporeros. Muchas veces su percepción sobre salud es diferente a la nuestra. Si tienen fiebre y dolor de cabeza se toman un paracetamol y siguen trabajando porque es su prioridad. No entienden que tengan que dejar de trabajar hasta que alguien les alerta de que puede ser COVID o que podría tener consecuencias.

Tenemos muchos trabajadores del campo, la mayoría jóvenes y sanos, que pueden volver a casa porque no requieren ingresos. Hay algún ingresado porque hay personas que trabajan hasta los 65 años. El perfil de la UCI va cambiando pero tenemos a personas con alguna patología previa o población muy envejecida. Nosotros entendemos como gente joven hasta los 70 años.

P. ¿Qué los diferencia de los ingresos de marzo?

REn marzo había mucha gente con sintomatología que no se trataba porque no había PCR. Ante un posible caso, recomendábamos 14 días de confinamiento en el domicilio y no se le hacía la prueba. Ahora hay más pacientes graves que vienen al hospital. Antes no venían porque sabían que por mucho que vinieran no les haríamos nada.

La mayoría de casos son jóvenes pero sanos y son casos leves. Es importante tranquilizar a la población: hay transmisión de la enfermedad pero lo normal es que la gente joven y sana pase la enfermedad como una gripe: con paracetamol, reposo y quedándose en casa. Lo bueno es que en esta segunda oleada la gente mayor tiene más precaución, sabe que es población de riesgo y esta más conciencia, eso hace que se infecten menos.

P. ¿Esperaban este brote?

R. El escenario que contemplábamos era que el próximo rebrote llegaría en octubre y era un escenario optimista. Yo pensaba que progresivamente nos contagiaríamos las personas hasta 60 años, sin gravedad, y esto nos ayudaría a tener inmunidad de grupo de cara a octubre. Pero este boom no lo esperábamos, ha sido muy rápido porque ha sucedido en una semana.

Yo en twitter puse que pasar de fase 2 a permitir verbenas masivas podría tener consecuencias y entiendo a la gente lleva meses encerrada en casa porque somos una cultura social. Asumir un riesgo y permitir que la gente salga podía tener consecuencias y es lo que ha sucedido. No soy partidario de buscar culpables. Son enfermedades que aún no sabemos qué inmunidad generan y tenemos que ver la evolución de estos meses.

P. ¿Cómo se ha avanzado tres meses?

R. Este rebrote nos coge a todos cansados. Hemos comenzado a hacer vacaciones para que en octubre estuviésemos descansados pero llevo desde marzo sin parar. Estamos reviviendo lo mismo que en marzo. Estamos intentando mantener las vacaciones de los compañeros porque necesitamos descansar. Tenemos el apoyo para seguir tirando, se buscan refuerzos y nadie ha caído enfermo, de momento. Sí que es verdad que siempre tenemos la perspectiva del «y si pasa…» y no hemos bajado efectivos como otros veranos. Somos los mismos que en marzo a costa de reducir parte de las vacaciones, aunque si podemos las haremos para oxigenarnos en estos momentos.

P. ¿Aguantarán?

R. Esperemos que sí, no queda otra. Ya no hace falta decir que si se tiene síntomas, no vaya a comidas familiares porque ya se ha visto lo que ha supuesto para todos. El problema no es que afecte a gente joven, sino que estos se queden en casa y no pongan en riesgo a colectivos de riesgo.

P. ¿Es fácil trabajar en un hospital golpeado por la COVID?

R. No, pero tenemos la suerte de que el equipo de nuestro hospital de urgencias es una parte fundamental del hospital. Teníamos dificultades para acoger a los enfermos y nos han construido carpas. Cuando tenemos un problema y hacemos una demanda nos la satisfacen. Esta enfermedad genera mucho estrés porque todos tenemos hijos y padres. Cuando llegamos a casa tenemos miedo de contagiar la enfermedad. Si tenemos circuitos diferenciados, ayuda mucho.

P. ¿Están más tranquilos que en marzo y abril?

R. Entonces no sabíamos adónde íbamos. Íbamos viendo qué tratamientos funcionaban y cuáles no, y veíamos que la gente se ponía enferma muy rápido. El problema del pico es que veíamos gente joven que se encontraba perfectamente y a las 24 horas estaban en la UCI. Esta evolución tan rápida y la incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad es lo que nos hizo vivir lo peor.

P. ¿Qué fue lo más duro?

R. Lo peor era la comunicación con enfermos, con gente que no sabia si vería a su familia. Cuando empezó la pandemia eramos muy restrictivos, no dejábamos entrar a nadie por miedo a que se propagara. Había gente que estaba bien y se despedía por teléfono, y decía «no se si mañana estaré bien”»y nosotros lo veíamos. Gente que había venido de vacaciones de Benidorm y en 48 horas estaban muertos. Esto nos afectó mucho y buscamos fórmulas para que la comunicación con familiares fuera constante, aunque fuera por teléfono. Ahora estamos preparados con equipos de protección para que los familiares puedan estar con los pacientes si así lo quieren, hemos mejorado el acompañamiento porque yo creo que es algo fundamental.

P. ¿Qué tratamiento usan?

R. No tenemos, sólo un fármaco en pacientes graves. No hay medicamentos que reviertan la evolución o que retrasen la enfermedad. Al principio se hablaba de la hixocloroquina y vimos que objetivamente no ayudaba en nada. Lo único que podemos hacer es esperar a pacientes con enfermedades previas y ver cómo responderán. Somos más cautos y esperamos a ver su evolución. Hemos visto radiografías que estaban muy mal pero ellos se encontraban bien y no nos cuadraba. Entonces pensábamos que podía fallar la placa, ahora no, si la placa es muy fea, por mucho que el paciente esté bien se le ingresa 48 horas, no los enviamos a casa.

P. ¿Cómo lo lleva la familia?

R. Bien. Mi mujer es pediatra y tiene que hacer sus turnos. No pudimos dejar a los niños con los abuelos porque son de riesgo y fue complicado con la escuela a distancia. Vivir una pandemia es una experiencia dura pero estoy seguro de que nos enriquecerá y la recordaremos como una época de crecimiento profesional.

P. ¿Qué opina de la compensación de la Generalitat a sanitarios?

R. No puedo decir que está mal pero la distribución podría haber sido mejor. En lugar de un plus por categorías profesionales lo habría hecho por exposición a la enfermedad. Tengo compañeros que no han visto a ningún enfermo y reciben el plus y hay auxiliares y celadores que trabajan codo con codo con nosotros y se merecen este dinero como el que más.

Los médicos de Urgencias de toda España piden la destitución de la gerente del HUC

En NOTICIAS. CONFLICTOS/PORTADA

Los profesionales aseguran que la decisión de cesar a Guillermo Burillo se ha tomado por desavenencias personales y no por motivos de gestión, como indicaba el Hospital

La indignación generada en Canarias por el cese del facultativo Guillermo Burillo ha traspasado fronteras y ha llegado hasta los más de 77.000 miembros que integran la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (Semes). El colectivo exigió ayer el cese inmediato de la gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Mercedes Cueto. Según el presidente de la Semes, Juan Jorge González Armengol, en declaraciones a EL DÍA, la gerente habría tomado la decisión por «desavenencias personales y no por la gestión», como justificó el propio hospital el día en el que se hizo público el cese. Asimismo, González Armengol afirmó que desde la Sociedad médica y científica se pretende abrir una investigación hacia Cueto puesto que, según el presidente, ha dirigido «un hospital que ha coaccionado» a las personas que «se pusieron delante de la puerta a protestar por el cese de un buen jefe».

El médico de Urgencias, Guillermo Burillo, fue destituido el pasado lunes, sin previo aviso, por la gerencia del centro hospitalario, justo después de combatir los días más crudos de la pandemia de coronavirus y tras seis años a cargo del servicio. Y lo hizo sin más explicación por parte de la gerencia del hospital de que la decisión se había tomado como consecuencia de un «cambio en la gestión interna del centro», por lo que sus subordinados decidieron tomar cartas en el asunto y dimitir en bloque al día siguiente. Un total de seis médicos que hasta entonces habían desempeñado su función como jefes de turno y de sección dejaron de coordinar algún tipo de acción en las Urgencias del centro hospitalario al considerar que el único proyecto de servicio con el que pueden estar de acuerdo es por el que ha estado trabajado Burillo los últimos seis años.

No fue una sorpresa

En aquel entonces, los profesionales que trabajaron codo con codo junto a Burillo afirmaron que la decisión no era del todo sorpresiva pero sí que «no había motivo» para tomarla. No obstante, ponían la pelota en el tejado de Mercedes Cueto pues entendían que era la persona que debía dar alguna explicación. El hospital por su parte se limitó a justificar que esta decisión se había empezado a fraguar en enero, cuando comenzó una auditoría al servicio por parte de la Gerencia. En este sentido, el presidente de la sociedad médica es contundente: «Se ha tomado la decisión por diferencias personales». González Armengol señaló que puede entender que existan rencillas entre ellos, pero que esa circunstancia, en ningún caso, debería extrapolarse a «la acción administrativa» ya que siempre debería primar «el respeto profesional».

Él mismo ha sido testigo de las diferencias personales que existen entre Cueto y Burillo. Lo pudo presenciar hace unos años, durante la planificación del Plan de Urgencias Canario (Pluscan) pues la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias -con José Manuel Baltar al cargo- le invitó a participar por su experiencia profesional. «Ella [Mercedes Cueto] estaba muy desubicada y no hizo nada», narró González Armengol que indicó que Guillermo Burillo fue uno de los profesionales que diseñaron dicho plan. «Conocemos a mucho gestores y esto [el cese a Burillo] no lo hacen los gestores profesionales», indicó el médico al tiempo que hizo hincapié en que desde la Sociedad tienen «un respeto enorme hacia la administración», especialmente a la canaria «porque tiene muy buena fama».

Una posible denuncia

Bajo esa premisa se ampara la contundente exigencia de la sociedad: «no se merece ponerla en entredicho con una persona como esta [Mercedes Cueto]». Asimismo, el presidente nacional de la sociedad profesional abre la puerta a una posible denuncia. «Nos han llegado excusas de que se han realizado auditorias y eso está por ver cómo termina, pero esperamos que no sea verdad lo que nos ha llegado, porque si no interpondremos una denuncia», alertó.

La sociedad no solo critica las formas y los motivos que han llevado al hospital a cesar a Burillo, también el momento en el que se ha tomado esta decisión. «¿Te parece normal que después de lo que hemos pasado, una tragedia, tenga tan mala baba como para tomar la decisión de esa manera?», replicó el presidente de la sociedad, que sentenció que no ha habido ninguna razón objetiva para acometer este cese y considera que nada en la situación que se ha generado «es normal». De hecho, ha llegado a valorar como «despreciable» el considerar que los momentos posteriores a una crisis sanitaria como la del coronavirus eran los ideales para ejecutar este cese.

Los sanitarios que trabajan en este servicio en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) han estado sometidos a la misma incertidumbre y miedo que el resto de sus compañeros en otros lugares de España, sin ver a sus familiares ni a sus hijos y pasando muchas jornadas de estrés. «El único premio ha sido este», sentenciaba el pasado martes una de las jefas de sección subordinada de Burillo, Lisset Traveria.

En el caso de estos sanitarios del HUC además destaca su colaboración en momentos clave de la emergencia sanitaria como por ejemplo, a finales de febrero, ante la clausura y puesta en cuarentena del H10 Costa Adeje Palace. Además, como señaló Miguel Benito, también jefe de sección de Urgencias hasta el pasado martes, todas estas acciones las hicieron «porque Burillo nos animó a hacerlo». Además, lo han hecho incluso cuando el hospital aún les adeuda más de 10.000 horas por sus servicios por la cantidad de horas extra que han acometido durante la última década.

Ni un médico contagiado

Y con todo este contexto, mientras los sanitarios de toda España caían enfermos -587 en toda Canarias- en las Urgencias del HUC «no se ha infectado ni un médico», insiste González Armengol, que entiende que lejos de poder relacionar esta ventajosa circunstancia con la suerte, el servicio ha conseguido este hito gracias a las directrices marcadas por Burillo.

«Es un buen jefe, es muy respetado en Canarias y en toda España, es una persona con muchísimo prestigio, tiene gente que la quiere y tiene un currículum excelente», insistió el médico especialista en Urgencias. «Los canarios no se merecen esta imagen lamentable, estamos indignados en toda España», concluye el presidente de la Semes, que remarcó que sobre la decisión de Mercedes Cueto insistió en que «no es solo que se haya equivocado, es que exigimos que se cese a una persona que no se merece Canarias».

 

Eldia.es

 

Blindar la salud: derecho o negocio

En OPINION

 

Blindar la salud: derecho o negocio

Si algo ha mostrado esta pandemia es que el modelo de sanidad pública, a pesar de los constantes recortes y precariedad a la que ha sido sometido durante años, es el mejor preparado para dar una respuesta sanitaria adecuada, especialmente ante una situación de emergencia. No en vano, uno de los elementos decisivos en Madrid y Cataluña en relación al mayor impacto que estas comunidades han sufrido, es que son las que tienen mayores niveles de privatización en sus modelos sanitarios de todo el país.

El pasado 1 de abril de 2018 la Comunidad Valenciana marcó un hito en un giro contrario a estas políticas recuperando el hospital que dio nombre a un modelo: el hospital de Alzira en la comarca de La Ribera. La UTE «Ribera Salud», hoy controlada por la multinacional norteamericana Centene, se creó ex profeso para liderar este proyecto, aunando constructoras, aseguradoras privadas y cajas públicas, un cóctel habitual en nuestra comunidad, trasladado al mercadeo con la salud.

Entre sus ideólogos se encontraba Antonio Burgueño, recuperado ahora por el gobierno de Madrid como asesor estrella y cuya hija ha sido responsable de la vergonzosa «Operación Bicho» quedando al cuidado de la vida de 50.000 ancianos sin ninguna experiencia en el sector.

Este modelo fue todo un símbolo de la Era Zaplana, todo un símbolo de capitalismo de amiguetes (con clientes fijos y dinero público) y todo un símbolo del gobierno del PP valenciano. No extraña, por tanto, que aún hoy, a pesar de las numerosas irregularidades, defectos y sobrecostes mostrados, insistan de una manera ferviente en su defensa, ya que al hacerlo se están defendiendo a sí mismos.

Son cuatro los hospitales restantes que siguen dentro de este modelo, situados en Torrevieja, Elche, Dènia y Manises. El contrato de la concesión del hospital de Torrevieja acaba el próximo octubre de 2021 y el compromiso y acuerdo del Consell en su pacto de gobierno, siguiendo la línea de desmercantilización de la salud es, como no podía ser de otra forma, no prorrogarlo.

No obstante, ante la cercanía de la fecha, Ribera Salud empezó a mover sus cartas para asegurarse la renovación, prometiendo la construcción de infraestructuras necesarias (que no ha construido en sus años de concesión) o con la creación de una asociación de apoyo formada por miembros de su propio departamento, amén de la puesta en marcha de numerosas campañas publicitarias. Una de las grandes paradojas de este modelo es que las empresas concesionarias deben atender –en principio- con la misma inversión pública, no sólo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, sino a sus beneficios empresariales y gastos asociados, gabinetes de marketing incluidos. El coste pueden imaginar de qué servicios y derechos sale.

La última campaña publicitaria ha ocurrido en plena desescalada cuando «voluntariamente» se llevaron a personal sanitario pagado con dinero de todas y todos de los hospitales de Elche y Torrevieja al Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz, donde gestionan otro hospital. Hecho que les valió una amonestación y que muestra a las claras las prioridades de este modelo.

La confirmación de hace unos días de la consellera de Sanidad en sede parlamentaria de que se acometerá la reversión, tras la muestra de algunas dudas por parte de Ximo Puig, que siempre ha sido más susceptible a las presiones de esta multinacional, no es sino una muestra de coherencia con un compromiso de gobierno asumido y un aprendizaje que muchos profesionales sanitarios, sindicatos y vecinos y vecinas venían defendiendo: que la salud no es un negocio y no puede ser pensada como tal, puesto que su objetivo es atender las necesidades de la población y las necesidades de los pacientes, no la rentabilidad económica de la concesionaria de turno.

Es esta una gran noticia para el derecho a la salud de la Vega Baja, que aún tiene mucho por avanzar, ya que, otro efecto pernicioso del modelo Alzira es la parasitación de los hospitales públicos de su entorno, asfixiándoles presupuestariamente y entrando en una competición impropia al derivarles las enfermedades «no rentables», como las crónicas.

Y es fundamental para apoyar a los sanitarios y sanitarias que se han dejado la piel en esta crisis, la defensa de sus derechos laborales y la posibilidad de realizar su trabajo de la manera menos precaria y más digna posible. Para eso necesitamos más inversión, más personal sanitario y, sobre todo, la gestión de la salud desde la perspectiva del derecho, no de la del negocio.

La «temeridad» de poner a recién licenciados en el servicio de Urgencias

En NOTICIAS. CONFLICTOS/PORTADA

Los médicos del servicio del hospital de Alzira descargan «responsabilidades» por lo que pudiera pasar este verano


 

Prueba de que la búsqueda de profesionales está siendo difícil y de que se está echando mano de todos los recursos posibles para cubrir las Urgencias este verano es la denuncia que han lanzado los sindicatos del Hospital de Alzira por los problemas que están teniendo en este servicio. Según el escrito enviado por el comité de empresa a la gerencia y a la dirección del hospital, los propios profesionales del servicio hacían una descarga expresa de responsabilidades por lo que pudiera pasar este verano tras confirmar que se iba a sustituir a especialistas de Urgencias con «recién licenciados en Medicina que el próximo septiembre iniciarán su formación MIR, por lo que carecen de la experiencia necesaria para trabajar en Urgencias».

Los propios profesionales tachan esta decisión de «temeridad» y recuerdan que esta y otras medidas como la falta de contrataciones para cubrir permisos e incidencias iban a repercutir directamente en la atención que se dará este verano a los pacientes. «Va a afectar negativamente a la atención directa al usuario. Sirva el escrito como pliego de descarga de responsabilidades de los facultativos del servicio ante una gestión deficiente en personal que puede derivar en retrasos diagnósticos con sus consecuencias», expresan en el escrito.

Además de confiar en médicos sin experiencia, desde los sindicatos denuncian además que se ha relajado la obligación de mantener dos circuitos para mantener alejados a los pacientes covid-19 de los no-covid y se ha disminuido la presencia de un médico adjunto, que es quien debería de supervisar a los MIR, «durante los fines de semana cuando es sabido que la presión asistencial en el servicio va a ser mayor y la población de la Ribera se triplica».

El Levante

victoria salinas 11.07.2020 | 00:07

Derivan médicos de otras áreas a Urgencias por la falta de profesionales para contratar

En NOTICIAS. CONFLICTOS/PORTADA

En el Doctor Peset van a solucionar con esta fórmula la cobertura de todas las guardias este verano – Los sindicatos ya advirtieron de que las plazas de refuerzo anunciadas por Sanidad no se iban a poder cubrir al agotarse las bolsas de trabajo

 

 

Derivan médicos de otras áreas a Urgencias por la falta de profesionales para contratar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultativos de Medicina Interna, Neumología, Digestivo, Cardiología, Oncología o Reumatología del Hospital Doctor Peset de Valencia van a tener que hacer de forma obligada guardias en el servicio de Urgencias este verano ante la imposibilidad del departamento de salud de contratar a suficiente personal especializado para cubrir las vacaciones. El motivo no es otro que la falta de profesionales en bolsa: no quedan especialistas que contratar después del refuerzo que ya se ha realizado aquí y en el resto de autonomías tras cuatro meses de pandemia de coronavirus.

Así se detalla en un escrito remitido a los jefes de servicio de cada una de estas áreas (hasta once diferentes) por parte de la directora médica y que está fechado el pasado 8 de julio. Los nombres de los seleccionados debían de estar ayer viernes sobre la mesa para hacer una guardia por mes, julio, agosto y septiembre «ante la imposibilidad de cubrirlas por no haber facultativos en la bolsa de trabajo». Es la solución que han tomado en el departamento ante un problema del que venía avisando desde hace semanas trabajadores y sindicatos, que pidieron acelerar todo lo posible el plan de vacaciones y las contrataciones que llevara aparejadas para no quedarse con las manos vacías, como ya está sucediendo.

La propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconocía el jueves en rueda de prensa que las bolsas de trabajo donde se apuntan los profesionales para ir siendo contratados estaban «agotadas» lo que puede poner en peligro, como ya está sucediendo, que los diferentes departamentos puedan incorporar a todos los trabajadores que crean necesarios, algo que lleva prometiendo la Conselleria de Sanidad desde hace semanas.

De esta forma, la voluntad política está y también la disponibilidad económica -la Conselleria de Sanidad ha mantenido los 62 millones de euros par el plan de vacaciones además de los refuerzos ya contratados desde el marzo- pero el objetivo se diluye cuando llega la hora de la contratación: en muchas especialidades no queda personal porque, además, muchos se han ido a otras comunidades con mejores -o más tempranas- ofertas.

La Comunitat Valenciana, tal como han apuntado en varias ocasiones desde los sindicatos, se ha visto incluso más perjudicada precisamente porque ha llegado tarde a este «mercadeo» de profesionales entre comunidades autónomas.

El que se agoten las bolsas no es algo nuevo, aunque la pandemia lo ha agravado. Existen especialidades médicas «deficitarias» desde hace años como Anestesiología, Pediatría o Médicos de Atención Primaria hasta tal punto que en veranos anteriores y sin pandemia de por medio, Sanidad ha llegado a autorizar la contratación de médicos licenciados pero sin la preceptiva especialidad para poder cubrir huecos o poder abrir consultorios de verano que, de otra manera se quedaban cerrados. Justo antes de la pandemia, la conselleria aún tenía pendiente de cumplir con su promesa de reforzar la Atención Primaria con 307 plazas más precisamente, por las dificultades para encontrar perfiles como pediatras.

Los MIR irán a la huelga

La dirección del Doctor Peset ha optado por derivar a sus propios profesionales desde otras áreas y especialidades pero otros departamentos han echado mano de los estudiantes de residencia -los médicos MIR- para completar esas planillas en Urgencias y sin la debida supervisión que deben tener en todo momento, algo que ha generado malestar tanto entre estos médicos todavía sin especialización como entre sus compañeros de los hospitales.

Por este y otros problemas a nivel salarial, formativo y social, los estudiantes MIR se han unido ante la falta de respuesta de sus reivindicaciones. De heho, a última hora de la tarde, el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) convocaba una huelga indefinida en todos los servicios públicos sanitarios a partir del 21 de julio y hasta que la Conselleria atienda a reivindicaciones como la equiparación de la jornada y descansos con la de un médico adjunto y la equiparación salarial con las demás CCAA.

Desde el grupo parlamentario del Partido Popular, su portavoz de Sanidad José Juan Zaplana pedía ayer a la consellera Ana Barceló que tomara «las riendas» y acabara con este «reino de taifas» en el que cada departamento «se buscaba su solución porque están poniendo en peligro a los profesionales y la atención que se presta a la población».

El Levante

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